¿Sabías que existe un Proyecto de Ley (PL 3035/2020) en trámite en la Cámara de Diputados que abre la puerta a la intervención clínica en la escuela, al cobro a las familias de apoyos que la escuela debe ofrecer a los estudiantes con discapacidad y a la exigencia de un informe médico para garantizar la atención pedagógica? Pues bien, nosotros tampoco lo sabíamos.
El PL se tramita con carácter de urgencia y propone modificar la política nacional de educación inclusiva sin ningún debate ni participación de la sociedad. Lo que, por sí solo, vulnera los derechos de las personas con discapacidad, conforme al artículo 4 del Decreto 6969 – “nada sobre nosotros sin nosotros”.
También son inconstitucionales las medidas propuestas por el PL, que fue propuesto originalmente por Alexandre Frota, tiene como ponente al diputado federal Duarte Júnior y cuenta con contribuciones de la diputada Tabata Amaral.
¿Por qué la prisa en aprobar el PL?
Alegan la falta de condiciones en las escuelas brasileñas para incluir verdaderamente a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, no encontramos esa misma disposición y sentido de urgencia para hacer cumplir y fiscalizar las inversiones en programas que retomen la Política Nacional de Educación Inclusiva, que viene siendo blanco de desmantelamiento desde 2016. Tenemos una legislación sólida; esa no es la fragilidad de la inclusión escolar en Brasil, sino la falta de inversión, el capacitismo estructural, el oportunismo y la lógica del mercado que toma la discapacidad como mercancía.
Por eso, nuestro manifiesto es por el archivo del Proyecto de Ley y por la reanudación de las inversiones y programas que hagan de la Política Nacional de Educación Especial desde la perspectiva de la Educación Inclusiva la realidad de cada escuela de este país. Ninguna alteración de los derechos duramente conquistados por las personas con discapacidad será aceptada sin nuestra participación.
#NoAlPL3035 #LaEducaciónNoEsMercancía
