Hoy, 21 de septiembre, día nacional de la Lucha de las Personas con Discapacidad, VNDI-Brasil se declara indignado con la decisión judicial que resolvió mantener a Sônia Maria de Jesus, mujer negra con discapacidad, al cuidado del magistrado que la mantuvo en condiciones análogas a la esclavitud durante años.
A los 50 años, Sônia es una víctima más del racismo que objetiviza y considera a los cuerpos negros herramientas para el trabajo manual, y del capacitismo que busca quitar cualquier resquicio de valor y de dignidad. Sobre todo, cuando ese cuerpo presenta alguna fragilidad y la imposibilidad de defenderse ante las diversas opresiones y violencias a las que está expuesto.
Vemos con mucha decepción esta decisión del STJ y del STF, pues no solo contribuyeron a este trágico desenlace, sino que validan los actos del magistrado que decidió “adoptar” a la víctima tras años de encierro y maltrato, incluso después de la investigación.
Esto refuerza todo el sistema racista y capacitista estructural de nuestra sociedad, y desvaloriza todo el esfuerzo de los movimientos sociales por combatir el trabajo esclavo y garantizar los derechos de las personas negras y pobres que viven en situación de extrema vulnerabilidad en nuestro país.
VNDI se posiciona en contra de esta decisión judicial y pide justicia para Sônia. Que pueda vivir sus días lejos de todo el ciclo de violencia en el que estuvo atrapada en el pasado y tener acceso a una mejor calidad de vida.
Entiende el caso
Sônia Maria de Jesus tiene 50 años, es una mujer negra con discapacidad (tiene sordera bilateral y discapacidad intelectual), analfabeta, y vive en la ciudad de São Paulo. A los ocho años fue a vivir con la suegra del magistrado con la autorización de su madre, como forma de protegerla de la violencia paterna. Después de un año se fue a vivir a la casa de la familia del magistrado en Santa Catarina, donde vivió hasta ser rescatada en 2023.
Durante el período en que convivió con la familia, no hay datos que comprueben que Sônia haya asistido a la escuela – regular o especializada – y hay registros de que solo tuvo sus documentos emitidos entre 2019 y 2021, ya a los cuarenta y seis años de edad.
En junio pasado, fue rescatada de la casa de la familia tras realizar durante casi 40 años servicios domésticos, luego de una denuncia del Ministerio Público del Trabajo de SC. Durante el operativo, la policía recibió relatos de que Sônia dormía en el cuarto de la empleada y realizaba tareas domésticas sin recibir salario ni tener derechos laborales. También comía en la cocina con los demás empleados de la casa y no recibía el mismo trato que los hijos del magistrado, no disfrutaba de los viajes y no tenía convivencia social.
Tras ser rescatada de la casa de la familia Borba, la mujer fue derivada a una entidad que presta asistencia social y psicológica. Sin embargo, el magistrado presentó una acción civil en la que alegaba que Sônia era como si fuera una “hija”, realizó visitas al albergue donde ella se encontraba durante las investigaciones y manifestó su interés en adoptar a Sônia, garantizándole incluso derechos hereditarios.
Con ello, el STJ autorizó su regreso a la casa del magistrado si así lo deseaba. Lo que terminó, de hecho, ocurriendo. Decisión reforzada por el STF tras el entendimiento de que “La supuesta víctima del delito vivió como si fuera miembro de la familia”, según citó el ministro André Mendonça al justificar la decisión.
Nunca fue reconectada con su familia biológica, que llegó a considerar que estaba muerta. Sus familiares aún residen en el mismo lugar donde ella vivía con la familia, y según consta su madre la buscó incansablemente hasta su fallecimiento en 2016.
